La política ambiental en Taxco de Alarcón Guerrero: un determinante para la gestión integral de RSU en el municipio

La dinámica del sistema económico está relacionada con el avance de los procesos productivos, teniendo como consecuencia un incremento de población, así como de consumo de mercancías; convirtiendo al mercado en el factor central de las transformaciones socio territoriales, cuyo objetivo es maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales, aunque esto represente alterar las condiciones de equilibrio ambiental. Bajo esta lógica, se percibe a la naturaleza como un recurso ilimitado, dotado de funciones económicas de libre acceso para el desarrollo (André & Cerdá, 2006), funcionando como soporte material de las actividades sociales y productivas (Sabogal, 2008). Sin embargo, la intensificación en los procesos que entrañan su extracción y aprovechamiento (Navarro & Ruíz, 2016) han evidenciado la fragilidad de dicho concepto, dado que la relación del desarrollo económico y la protección ambiental es contradictoria debido a las externalidades negativas de procesos industriales, económicos y urbanos, haciendo del entorno natural, un sumidero antropogénico (André & Cerdá, 2006). La actual crisis ambiental representa entonces uno de los mayores retos a enfrentar en todo el mundo, debido a los efectos negativos que se le atribuyen y que amenazan la calidad de vida de las personas y de los hábitats naturales a corto, mediano y largo plazo. Dentro de los efectos que se identifican ya, se encuentra el crecimiento acelerado de la huella ecológica, el cambio climático, calentamiento global, así como la intensificación y diversificación de la contaminación destacando la generación de todo tipo de residuos Se estima que cerca de 93, 000 millones de toneladas de recursos son extraídos con fines de consumo, en donde únicamente el 10% se recupera a través de nuevas cadenas de valor (Kunzig, 2020), lo que en términos de generación de residuos representa cerca de 7- 10 billones de toneladas con un aumento previsto del 70% para 2050 (Banco Mundial, 2018), en donde los patrones de la sociedad contemporánea y los cambios en los procesos tecnológicos para la elaboración de nuevos productos, generarán la inclusión de nuevas sustancias al mercado que en términos cualitativos y cuantitativos afectan la generación de residuos (Gutiérrez, 2006). Se calcula que del volumen total de generación, 2.01 billones de toneladas corresponden a residuos sólidos urbanos (ISWA, 2015), de los cuales cerca del 20% son gestionados de forma eficiente, y más del 80% son depositados en tiraderos a cielo abierto sin ningún tipo de control (Banco Mundial, 2019), agudizando los problemas de contaminación por quema, lixiviación, generación de fauna nociva y vectores de enfermedades. Por tanto, los residuos son una consecuencia de los procesos productivos y la acción humana que se identifican entre los más importantes indicadores de la actual crisis ambiental, cobrando relevancia a nivel mundial tanto por las implicaciones ambientales, su contribución al cambio climático, así como por la compleja situación que guardan las etapas de su gestión y manejo que van desde la generación, recolección, transporte y disposición final, impulsando la intervención de diversos organismos internacionales a promover campañas y políticas ambientales para establecer medidas de gestión integral. En México, la generación de residuos sólidos urbanos se estima en las 120, 128 toneladas diarias (SEMARNAT, 2020), pronosticando un aumento de 210% para 2050, determinado principalmente por los patrones del sistema urbano y las políticas de liberación comercial (SEMARNAT, 2015). A pesar de que la problemática asociada a los RSU se identifica ya como un problema que requiere la atención inmediata, la laxitud y generalidad de la Política Ambiental en materia de residuos y la ausencia de estrategias estatales y municipales para la prevención y gestión integral de RSU, han hecho que las medidas de mitigación de impactos no logren responder a las necesidades que afectan a la salud humana, el equilibrio ecológico y derivan en altos costos socio ambientales difíciles de resarcir. En el caso del Estado de Guerrero por ejemplo, las Leyes Ambientales se encuentran supeditadas a lo que determina la LGPGIR, lo cual hace que las estrategias incluidas dentro del Plan de Desarrollo Estatal para la gestión integral de RSU se planteen de forma generalizada o incluso sean de inaccesible alcance, haciendo que las particularidades del Estado tales como la dinámica territorial, los aspectos demográficos, socioeconómicos, de infraestructura, y las capacidades gubernamentales para impulsar proyectos que incentiven y promuevan acciones sostenibles que garanticen seguridad y bienestar social, no sean considerados. Dicha condición deriva en que más del 22% de los municipios del Estado no puedan acceder a medidas de mitigación de impactos socio ambientales a causa de los RSU, volviendo a la población más vulnerable. Si bien, dicha condición se reproduce en los municipios y localidades del Estado, Taxco de Alarcón no es la excepción, debido a que el tema de residuos involucra únicamente estrategias de recolección, disposición final en sitios no controlados y separación de residuos dentro del predio; mismas estrategias que se plantean con ajustes mínimos desde hace más de 20 años, en donde la prevención no se considera en el marco de acción. Dentro de los impactos no considerados para su mitigación se encuentra la localización del tiradero a cielo abierto, su cercanía con la mina, con el Río San Juan y los problemas que se relacionan con la contaminación por lixiviación. Por tal motivo, resulta relevante conocer los criterios de actuación de la Política Ambiental en el municipio durante los últimos 10 años, contemplando el planteamiento de estrategias de gestión integral y mitigación de impactos socio ambientales; contrastando si lo que se plantea cumple con las necesidades del municipio.