La convencionalidad y su compatibilidad con el procedimiento de responsabilidad administrativa, en México

1. El Control de Convencionalidad es una institución jurídica que fue incorporada en México, como producto de una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, a través de ella, se configuró un mecanismo de protección de los derechos y prerrogativas que conforman el parámetro de control de la regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad, derivado de las adecuaciones del artículo primero constitucional. 2. El Control de Convencionalidad como institución jurídica se sigue desarrollando a nivel de sistema regional de protección de los derechos humanos a través de diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a nivel nacional en México por las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las implicaciones y alcances determinados en ambos foros son distintos. En México el Control de Convencionalidad presupone una obligación exclusiva de los jueces, es decir, por quienes formal y materialmente realizan funciones jurisdiccionales, sin posibilidad de que pueda ser realizado por otro tipo de estructuras de poder, al margen de si colaboran o no en la aplicación material de justicia. 3. Sin embargo, dicha determinación no solo podría apartarse de la jurisprudencia emitida por el tribunal internacional, sino que al ser absoluta no toma en cuenta casos o supuestos específicos, como las funciones cuasi jurisdiccionales a cargo de autoridades no jurisdiccionales, lo que hace cuestionable dicha determinación. 4. Ahora bien, si consideramos que en México se encuentran integradas múltiples procedimientos en los que materialmente se administra justicia, aún y cuando no se hace a partir de instituciones jurisdiccionales, sino de otro tipo de organismos, es decir, de pertenencia al poder legislativo u otro. No podemos pasar inadvertido que en el sistema de cooperación y división de poderes del Estado Mexicano, hay órganos formalmente legislativos y ejecutivos que realizan funciones materialmente jurisdiccionales, como lo son el juicio político, la declaración de procedencia, o el procedimiento de responsabilidad administrativa; por lo que, se estima necesario analizar, en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la compatibilidad del Control de Convencionalidad con dichas funciones, como mecanismo de protección para los derechos humanos de los gobernados. 5. Para iniciar con el análisis, en el presente trabajo solo se revisa una de las herramientas no jurisdiccionales de control constitucional, en específico el procedimiento de responsabilidad administrativa, mismo que tiene un fundamento constitucional, pero que quizás no se armoniza con los parámetros internacionales de derechos humanos.