Penalización de los delitos informáticos

Como hemos podido apreciar en nuestro acontecer diario, las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida y nos han ayudado de manera eficaz en diversas áreas como lo son la economía, la política, la organización del trabajo, en la rama industrial, entre otros. Facilitándonos desde el aprendizaje hasta el funcionamiento de los mecanismos más complejos, pero de igual forma la aparición de las nuevas tecnologías trae consigo nuevos retos, para la regulación de las conductas que se realizan por medio de un ordenador, las cuales pueden afectar a terceros, los cuales deben ser protegidos a través de organismos que regulen dichas conductas antijurídicas. Si bien es cierto que algunas conductas realizadas a través de un ordenador ya han sido exteriorizadas sin necesidad de él, y dichas conductas se encontraban tipificadas como delitos en la norma penal, es de igual forma importante regular dichas conductas en el ciber espacio, las cuales no se encuentran tipificadas en ningún ordenamiento legal, y ante la falta de regulación, existe la impunidad para aquellas personas que se conducen en ese sentido tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidad existen diversas actividades ilícitas que se realizan por medio de la informática dentro de las cuales podemos señalar: fraudes, intrusiones, actividades delictivas dedicadas al robo, fraude electrónico, robo de tarjetas e información personal, lenocinio, tráfico y corrupción de menores, prostitución infantil, narcotráfico, elaboración, distribución y promoción de pornografía infantil, ciber terrorismo, extorsión e infinidad de delitos que tienen su origen en cualquier instrumento de comunicaciones y actividades informáticas. En relación a esto, los sistemas informáticos logran potencializar las posibilidades de las distintas modalidades delictivas, ya que con la ayuda de dichas herramientas tecnológicas, la posibilidad de determinar y castigar a aquella persona que transgreda las normas jurídicas establecidas, es cada vez más difícil, esto a consecuencias de la extraterritorialidad. Es por ello que debemos tomar en cuenta que el internet y las nuevas tecnologías se han vuelto el medio a través del cual las diversas células criminales realizan sus operaciones, las cuales se encuentran tipificadas en diversas legislaciones, como lo son: el fraude, violación a la intimidad, violación a los derechos de autor, pornografía, terrorismo, y de manera secundaria: inducción al suicidio, robo, entre otras figuras, que nuestro derecho positivo parece no saber cómo resolver. Por consecuencia en la actualidad existen diversas actividades ilícitas que se realizan por medio de la informática y es por ello la necesidad de regular dichas conductas delictivas a través de los mecanismos coercitivos con los que cuenta el estado. A lo cual es importante tomar en cuenta y no pasar por alto distintos marcos referenciales como los son: la libertad, los medios de comunicación el internet y los avances tecnológicos. Una de las finalidades del derecho penal y en consecuencia del mismo estado de derecho, es la protección de todos los bienes jurídicos tutelados por la ley, preservando además el orden y la paz pública. Bajo estas condiciones, en los delitos informáticos existe una gran cantidad de bienes jurídicos que no se tutelan por la legislación punitiva de nuestra entidad, razón por la cual se justifica la necesidad de integrar los tipos penales bajo los parámetros de raciocinio, ponderación y argumentación que tiendan a definir aquellas conductas típicas que se generan por los usuarios de la red. 9 Es por ello que en la presente investigación existe la necesidad de profundizar tanto en las teorías del delito como de la pena para determinar si estas pueden influir en Código punitiva Nacional, con la finalidad de que los tipos penales relacionados con los delitos informáticos puedan ser incorporados a dicha codificación local, bajo los parámetro que anteriormente se han mencionado, como son el de la razonabilidad, la ponderación, la argumentación y todos aquellos principios reguladores del derecho penal contenidos tanto en tratados internacionales como en la constitución y en la misma doctrina jurídica contemporánea.