La seguridad social y las mujeres víctimas de violencia de género

En México la seguridad social surgió como consecuencia del movimiento revolucionario que reclamaba la protección a las personas más vulnerables, especialmente campesinos y obreros, es por ello que se creó la Ley del Seguro Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de garantizar los servicios sociales fundamentales para el bienestar de las personas. Bajo esta perspectiva, tanto en México como en el mundo entero, el fin práctico de la seguridad social consiste en proteger a las personas de los riesgos sociales, entendiéndose estos como la posibilidad de un daño futuro en la vida de las personas tanto en: su salud, su patrimonio e incluso hasta en su medio ambiente, por encontrase en un estado de vulnerabilidad o simplemente estar frente alguna amenaza. En este sentido, tenemos que cada país protege a la población de riesgos sociales comunes como: 1. La vejez, 2. La maternidad, 3. La enfermedad, 4. los riesgos de trabajo y de la misma forma protegen de riesgos sociales específicos, tal y como sucedió con España que brinda protección a las víctimas del terrorismo, Uruguay con las víctimas de delitos violentos y de violencia doméstica, Nicaragua que brinda protección social a las víctimas de la guerra, así como el caso pakistaní que por medio de la seguridad social se logró reparar el daño a las víctimas de un incendio. Por ello, la hipótesis planteada ubica las consecuencias de la violencia de género contra las mujeres como un riesgo social, en razón de que: Primero, por su carácter general, ya que se trata de riesgos que amenazan a cualquier mujer en el país, segundo: son producto de la organización social y de la falta de la respuesta del gobierno ante la obligación que tiene de la seguridad pública de las mujeres, tercero existe el convencimiento de que es la propia colectividad la que debe organizar la prevención y la propia reparación de las consecuencias dañosas.